El Gobierno aprobó recientemente la Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, más conocida como ‘Crea y Crece’: un conjunto de medidas que entre otras incluye la obligación de utilizar la factura electrónica para autónomos y empresas, iniciativas para agilizar la creación de sociedades o para combatir la morosidad, entre otras.
La nueva ley se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene por objetivos, según el Gobierno, facilitar la creación de empresas, reducir obstáculos regulatorios, luchar contra la morosidad e impulsar su crecimiento y expansión.
En lo que afecta a las pymes y autónomos, una de las mayores novedades es la obligatoriedad de utilizar la factura electrónica para todos los profesionales y empresas en sus relaciones comerciales. Deberán facilitar a sus clientes el acceso al software necesario para que puedan consultar, descargar e imprimir las facturas de forma gratuita, sin tener que recurrir a una solución externa, y permitirles el acceso por medios electrónicos a las facturas de los últimos cuatro años.
El incumplimiento de esta norma conlleva sanciones de hasta 10.000 euros, y no exime de la obligación el hecho de que el destinatario haya manifestado que no desea recibir facturas electrónicas.
Esta norma modifica el artículo 112 de la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, y será objeto de un próximo desarrollo reglamentario. A partir de la publicación de ese desarrollo, las empresas y autónomos con una facturación anual superior a los ocho millones de euros contarán con un plazo de un año para cumplir con la normativa, mientras que para el resto de autónomos y empresas el plazo para su entrada en vigor será de dos años.
Medidas para agilizar la creación de empresas
La Ley Crea y Crece introduce también medidas para agilizar la creación de empresas, que afectan especialmente a la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). A partir del 18 de octubre de 2022, se podrá crear una SRL con un capital social de solo 1 euro, frente a los 3.000 euros que hacían falta hasta ahora.
Aquellas SRL que se constituyan con un capital social inferior a los 3.000 euros deberán, sin embargo, reservar al menos el 20% de sus beneficios hasta que el capital social llegue a los 3.000 euros; y en caso de liquidación, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito.
Además, la nueva ley introduce medidas para facilitar la constitución rápida de forma telemática de las SRL, a través del Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y el Documento Único Electrónico (DUE). En consecuencia, los notarios y asesores que intervengan en la creación de la sociedad deberán informar a los socios de las ventajas de utilizar los Puntos de Atención al Emprendedor (PAE) y el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) para la constitución y la realización de trámites.
Por otro lado, la Ley Crea y Crece deroga el título XII de la Ley de Sociedades de Capital, que regula la sociedad limitada nueva empresa, que a partir de ahora tendrá la misma consideración que una SRL.
Medidas contra la morosidad
Otro de los objetivos de la Ley Crea y Crece es la lucha contra la morosidad, que además de la misma obligatoriedad de la factura electrónica introduce incentivos para la reducción del periodo medio de pago, que será tenido en cuenta para acceder a subvenciones públicas y que se vigilará también en la relación entre los adjudicatarios de concursos públicos y sus subcontratistas, a través de la normativa de contratación pública.
Asimismo, la ley prevé la creación de un Observatorio de Morosidad Nacional que tendrá por objeto realizar un seguimiento de los tiempos de pago y la promoción de buenas prácticas.
Eliminación de obstáculos
La nueva ley amplía el número de actividades económicas exentas de licencia, al incorporar a las ya reconocidas aquellas consideradas inocuas por al menos una comunidad autónoma.
Además, se refuerzan las ventanillas en las que las empresas pueden reclamar cuando consideran que las Administraciones no cumplen los principios de buena regulación económica.
Nuevo régimen jurídico para las plataformas de crowdfunding
Por otro lado, la ley introduce también novedades para las plataformas de crowdfunding, que podrán prestar sus servicios en toda la Unión Europea al adaptar la normativa nacional a la de la UE.
La nueva legislación establece un límite de inversión individual por proyecto para los minoristas de 1.000 euros o del 5% de su patrimonio, sin contar propiedades inmobiliarias ni fondos de pensiones. Si desean invertir por encima de ese límite, los minoristas deberán dar su consentimiento expreso. Además, la nueva normativa obliga a la emisión de un folleto para los proyectos de más de 5 millones de euros.
Asimismo, se introduce la creación de la nueva categoría de gestión de carteras, que permitirá al proveedor de servicios de crowdfunding invertir en nombre del inversor.
