La obligación de utilizar la factura electrónica para todas las empresas es una realidad cada vez más cercana. El Gobierno ha aprobado recientemente el Anteproyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, que entre otras cuestiones incluye la obligatoriedad en la utilización de la factura electrónicapara todas las empresas y autónomos en un plazo de tres años desde la entrada en vigor de la ley.
La futura ley vendrá a modificar la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información, y supondrá un antes y un después en las obligaciones de facturación de autónomos y empresas. Hasta el momento la factura electrónica solo es obligatoria cuando el destinatario es una Administración (salvo en el caso de las facturas con importe inferior a 5.000 euros si así lo establece la propia Administración).
El Anteproyecto de ley establece la obligación para todas las empresas y autónomos en sus relaciones comerciales de emitir facturas electrónicas, que deberán cumplir lo dispuesto en la normativa sobre facturación. Además, las empresas y autónomos deberán facilitar el acceso a los programas necesariospara que los destinatarios de las facturas las puedan leer, copiar, descargar e imprimir de forma gratuita, sin tener que acudir a otras fuentes para proveerse de las aplicaciones necesarias para ello.
Asimismo, autónomos y empresas deberán acceso a sus clientes a consultar las facturas de al menos los últimos cuatro años por medios electrónicos, aun cuando el contrato con el cliente se haya disuelto o este haya expresado su voluntad de no recibir facturas electrónicas.
El Anteproyecto de ley establece sanciones de hasta 10.000 euros para las empresas y autónomos que no cumplan con las anteriores obligaciones.
Para las empresas y autónomos con una facturación anual superior a los 8 millones de euros, la obligación de la facturación electrónica entrará en vigor transcurrido un año desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Para el resto de autónomos y empresas entrará en vigor transcurridos tres años desde su publicación.
Según señala el Gobierno en el propio texto, esta medida tiene por objetivos la digitalización de las relaciones empresariales, la reducción de costes de transacción y al aumento de la transparencia, además de combatir la morosidad.
En la práctica, supondrá un gasto añadido para las empresas y autónomos que aún no han implantado este sistema, aunque el Anteproyecto de ley menciona la futura aprobación de subvenciones para su desarrollo.
